El presidente Gustavo Petro anunció cambios en el modelo de atención a la infancia y confirmó la formalización laboral de madres y padres comunitarios vinculados al ICBF.
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El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que ha defendido desde el inicio de su Gobierno: la transformación de los modelos de contratación estatal. Esta vez, el mandatario dirigió su atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de velar por la protección de millones de niños, niñas y adolescentes en el país.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado aseguró que el ICBF debe avanzar hacia una nueva etapa en la que desaparezca la tercerización de algunos servicios relacionados con la atención de la niñez. Sus palabras generaron reacciones inmediatas debido al impacto que podría tener esta medida en la estructura de funcionamiento de la entidad.
“El ICBF debe cambiar para mejorar la atención de la niñez colombiana. No más tercerización”, escribió el mandatario, dejando clara su posición frente a un modelo que durante años ha sido objeto de debate.
Petro apuesta por un cambio en la atención a la infancia
El pronunciamiento del presidente estuvo acompañado por un anuncio que para muchas familias y trabajadores del sector representa un avance histórico.
Según explicó el mandatario, las madres comunitarias comenzarán a ser reconocidas formalmente como trabajadoras del Estado mediante la creación oficial de un cargo dentro de la planta de personal del ICBF.
La medida busca dignificar una labor que durante décadas ha sido fundamental para el cuidado y desarrollo de miles de niños en diferentes regiones del país.
Para el Gobierno Nacional, este paso representa un cambio estructural que permitirá fortalecer la atención a la primera infancia y brindar mayores garantías laborales a quienes desempeñan esta importante función social.
¿Qué cambia para las madres comunitarias?
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que las madres comunitarias dejarán de estar vinculadas bajo esquemas que históricamente han sido cuestionados por diferentes organizaciones y sectores sociales.
De acuerdo con lo manifestado por Petro, estas trabajadoras pasarán a ser reconocidas como profesionales del cuidado infantil formalmente empleadas por el Estado.
Esto significa que contarán con mayores garantías laborales y un reconocimiento institucional más sólido dentro de la estructura del ICBF.
La decisión también busca destacar el papel que estas mujeres han desempeñado durante décadas en la protección y formación de niños y niñas en comunidades vulnerables.
El decreto que dio origen a la transformación
La formalización fue posible gracias a la expedición del Decreto 0586 de 2025, una norma que oficializó la creación del cargo de madre comunitaria dentro de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Según el Gobierno, esta medida responde a una necesidad histórica que había sido planteada durante años por diferentes sectores relacionados con la atención a la infancia.
Además, hace parte de los compromisos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Con este decreto comienza una primera fase de vinculación formal que también incluye a padres comunitarios que desarrollan labores de acompañamiento y cuidado en distintos territorios del país.
Una deuda histórica con quienes cuidan a la niñez
Durante décadas, las madres comunitarias han desempeñado una labor clave en barrios, municipios y zonas rurales de Colombia.
Su trabajo ha permitido brindar alimentación, acompañamiento, formación y protección a miles de menores de edad, especialmente en comunidades donde las oportunidades son limitadas.
Sin embargo, diversos sectores han señalado que durante años estas trabajadoras enfrentaron condiciones laborales complejas y reclamaron mayor reconocimiento por parte del Estado.
Por esa razón, la formalización anunciada por el Gobierno ha sido interpretada por muchos como un paso importante hacia la reivindicación de sus derechos laborales.
El objetivo: fortalecer la atención a los niños
Más allá del impacto laboral, el Gobierno insiste en que la medida busca mejorar la calidad de los servicios dirigidos a la infancia.
La apuesta consiste en fortalecer el vínculo entre el Estado y quienes están en contacto directo con los niños, garantizando mejores condiciones para desarrollar su trabajo y ofreciendo mayor estabilidad a los programas de atención.
Según la visión del Ejecutivo, una atención más sólida y menos dependiente de esquemas de tercerización permitirá generar mejores resultados en materia de protección, nutrición y desarrollo infantil.
Por ahora, el anuncio marca el inicio de una transformación que podría cambiar la forma en que opera una de las entidades más importantes del país en materia de bienestar social.
Mientras avanza la implementación de la medida, miles de madres y padres comunitarios esperan conocer los detalles de este proceso que busca reconocer formalmente una labor que durante años ha sido considerada esencial para el presente y el futuro de Colombia.
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