La Fiscalía toma decisión en caso Valeria Afanador: imputará cargos a dos docentes del colegio por el fallecimiento de la menor de 10 años en Cajicá.
El caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció en un colegio en Cajicá y cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío, dio un giro judicial. Nueve meses después, la Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación contra dos integrantes del personal del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
La Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá solicitó la audiencia de imputación por el delito de homicidio culposo contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada. Esta noticia busca esclarecer las responsabilidades en una tragedia que sacudió a Colombia desde agosto de 2025.
Así ocurrió la desaparición de Valeria Afanador
La menor fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 dentro de su institución educativa. Las cámaras de seguridad fueron piezas clave en el proceso de investigación. En los videos, se observa a Valeria jugando sola con un balón cerca de una zona perimetral.
De acuerdo con el material fílmico, la pequeña habría atravesado la barrera de seguridad en repetidas ocasiones, hasta que finalmente se perdió su rastro. Tras la alerta, se activó un despliegue masivo que incluyó:
- Unidades de la Policía Nacional.
- Efectivos del Ejército.
- Cuerpos de Bomberos de la región.
- Personal especializado del CTI y la Fiscalía.
La búsqueda se extendió por 18 días, manteniendo a todo el país en vilo hasta el doloroso hallazgo de su cuerpo en el río Frío. El impacto de este suceso dejó una profunda herida en la sociedad colombiana y cuestionamientos sobre la seguridad escolar.
El informe forense y la investigación actual
Tras la recuperación del cuerpo, Medicina Legal confirmó que Valeria falleció el mismo día de su desaparición a causa de ahogamiento. Los forenses fueron claros al descartar cualquier signo de violencia física o manipulación en la vestimenta de la pequeña.
A pesar de este reporte, la lupa de las autoridades se centró en la omisión de los protocolos de supervisión. Es inaceptable que una menor pudiera salir de un área restringida sin ser detectada. La gran pregunta sigue siendo: ¿quiénes debían cuidar de ella en ese momento crítico?
Detalles clave del proceso judicial
La reciente decisión de la Fiscalía marca un precedente necesario en este caso. Los docentes Emily Fuentes y Danny Javier Ochoa enfrentarán cargos ante un juez de control de garantías. Aunque la familia solicitó investigar a la rectora, por ahora el proceso se enfoca en estos dos funcionarios.
Otro ángulo que ha tomado fuerza es la posible responsabilidad ambiental del colegio. Existe una investigación sobre si la institución infringió normas al estar ubicada sobre la ronda del río. Según la defensa de la familia, la falta de una infraestructura adecuada facilitó el acceso directo al afluente, agravando la tragedia.
Entre los hallazgos más desgarradores se encuentran los mensajes de WhatsApp entre docentes el día del suceso. Las capturas muestran a un personal confundido y preocupado, buscando a la niña cuando ya era demasiado tarde. El desconcierto registrado en las conversaciones evidenció la falta de un plan de reacción inmediata.
La familia de Valeria sigue luchando por encontrar respuestas definitivas. Este avance judicial es solo el inicio de un proceso largo que busca sentar un precedente sobre el deber de protección de los colegios hacia sus estudiantes. La seguridad de los niños en entornos educativos debe ser la prioridad absoluta.
¿Qué opinas sobre las medidas de seguridad en los colegios de Colombia? ¿Crees que las instituciones están haciendo lo suficiente para proteger a los menores? Déjanos tus comentarios y comparte este artículo.
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