El penalista Francisco Bernate aclaró por qué los ciudadanos venezolanos capturados por el caso Yulixa Toloza no serían extraditados a nuestro país.
Foto: Redes sociales @diamondsalonsnails / (24/05/2026)
Las recientes capturas de cinco implicados en el caso de Yulixa Toloza han generado múltiples dudas. Tres de los señalados fueron detenidos en Venezuela, lo que encendió las alarmas sobre el proceso judicial. Ante la incertidumbre, el abogado Francisco Bernate despejó el panorama legal explicando por qué es tan difícil traerlos a Colombia.
El experto afirmó que, aunque Colombia solicite la extradición formalmente, Venezuela tiene una postura inamovible: ellos no entregan a sus nacionales. Esta política está blindada por su propia constitución y normas internas, lo que cierra prácticamente cualquier posibilidad de que estos procesados pisen suelo colombiano para responder por sus delitos.
Venezuela juzgaría a los capturados en su propio territorio
Bernate recordó que esta situación no es inédita. Mencionó el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, donde uno de los implicados huyó a Venezuela. En ese momento, se comprobó que el país vecino prefiere asumir el control del proceso judicial de sus ciudadanos en casa antes que enviarlos a manos extranjeras.
Cuando un ciudadano venezolano comete un crimen fuera, y es atrapado en Venezuela, las autoridades locales asumen la investigación. Para que esto avance, Colombia debe enviar todas las pruebas y testimonios recopilados, dejando que la justicia venezolana sea la encargada de dictar sentencia final. Esto cambia totalmente la dinámica que esperábamos.
¿En qué casos sí habría extradición?
El penalista destacó que existen apenas tres escenarios excepcionales donde Venezuela podría considerar extraditar a uno de sus ciudadanos:
- Cuando la persona posee doble nacionalidad y el tratado lo permite.
- Si se demuestra que la nacionalidad venezolana fue obtenida de forma fraudulenta.
- Cuando surgen dudas reales y comprobables sobre la verdadera nacionalidad del capturado.
Fuera de estas situaciones, la regla general prevalece: el Estado venezolano procesa a su gente en su propio territorio. Por eso, el abogado considera “prácticamente imposible” que los implicados en este caso sean enviados a Colombia, lo que obliga a las autoridades nacionales a reevaluar su estrategia judicial.
Los procesos en Venezuela y el camino legal de Colombia
Uno de los mayores temores es la lentitud del sistema judicial venezolano. Según Bernate, el caso de Marcelo Pecci ha demostrado que, tras tres años, la información es escasa y los avances son mínimos. A diferencia de Colombia, donde las audiencias son públicas y virtuales, en Venezuela todo se maneja con un hermetismo que dificulta el seguimiento ciudadano.
Sin embargo, todo no está perdido para la justicia colombiana. Ante la imposibilidad de tener a los procesados presentes, Colombia podría activar juicios en ausencia. Esta figura permitiría avanzar con la imputación y el juzgamiento aunque los señalados sigan en el exterior, una medida que se consideraría si no hay avances significativos en el país vecino tras varios años.
Un detalle no menor es la tipificación de los delitos. En Colombia, el caso podría tratarse como desaparición forzada, pero en Venezuela esa figura está reservada exclusivamente para agentes del Estado. Por lo tanto, allá el juicio se orientaría bajo cargos de secuestro u homicidio, lo que demuestra cómo la ley cambia de frontera a frontera.
Finalmente, es importante recordar que los capturados en territorio colombiano sí deberán enfrentar todo el peso de nuestra ley. Aquí las autoridades legalizarán sus capturas y avanzarán con el debido proceso sin contratiempos. La justicia tiene el reto de ser eficiente a pesar de los obstáculos internacionales.
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